RIESGOS VINCULANTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES
Son muchos los riesgos que actualmente vive el sector minero colombiano, especialmente en los diferentes entornos de riesgo país y el mantenimiento de las garantías jurídicas.
Los problemas del Bajo Cauca antioqueño en los últimos días, es solo un reflejo de lo que sucede en todo el país.
El Gobierno Nacional y Departamental, así como el Legislativo, deben abordar los temas mineros no solo con criterios políticos, sino Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientalmente responsables, que sean incluyentes con todos los actores de la cadena de valor e inclusivos por tener la virtud y la capacidad de mejorar el sector minero en todas sus escalas, especialmente en la informalidad, la minería de subsistencia, la pequeña y mediana minería.
Nuestra participación en este encuentro encaminada la revisión de la política Minera y como miembro de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, AIMC, en el que hacemos parte más de 300 profesionales vinculados al sector minero en diferentes artes, todos encaminados a un proceso de cambio y mejoramiento del sector, aplicando conocimientos teóricos y profesionales, en las diferentes actividades dentro del ciclo minero.
A todos los presentes nos une el profesionalismo de querer hacer las cosas bien hechas por que entendemos que ¡¡SER LEGAL VALE ORO!!.
Dentro de nuestra experiencia entendemos que el mundo del consumo viene cambiando hacia energías más limpias y hacia minerales estratégicos necesarios para el nuevo desarrollo tecnológico en el cual por su puesto se encuentra el oro como componente necesario para el desarrollo de los nuevos equipos tecnológicos para la existencia de la vida humana, un celular, un chip del carro eléctrico, las nano partículas de oro para los nuevos sistemas de paneles fotovoltaicos solares, etc.
El mundo ha cambiado y viene generando conceptos de extracción basados en procesos limpios, pero también éticos y formales, donde los entornos sociales y ambientales juegan un papel importante en el contexto global, en el cuidado de la tierra, en los procesos de mejoramiento social y el mejoramiento comunitario, el cual toma una gran relevancia en los productos que comercializamos fuera del país y que pretendemos no sean prohibidos en la comercialización internacional y tachados como productos de sangre, vinculados precisamente al lavado de activos, la financiación al terrorismo, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a la minería ilegal y la depredación social y ambiental.
Por ello es que toma relevancia en la comercialización de los minerales y en el contexto internacional que estos minerales procedan de fuentes legales y formalmente establecidas en Colombia o terminaremos en un veto internacional para su comercialización.
Las grandes compañías internacionales que vienen comprando nuestros minerales se están enfrentando a retos de cumplimiento normativo, en el control de riesgos de lavado de activos, blanqueo de capitales y financiación al terrorismo,
Este fenómeno de Vetos Internacionales no es desconocido en Colombia, ya sucedió con el carbón colombiano en que países extranjeros no querían comprarlo porque en su extracción se encontraba vinculada a la mano de obra infantil.
No estamos lejos de un veto a la comercialización de minerales colombianos en cumplimento de las 40 recomendaciones del GAFI, el GAFILAFT y normas norteamericanas de prevención de riesgo de lavado de activos, si seguimos por este camino.
Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, la cual no recuperamos en la labor de extracción minera, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies.
El informe de la Contraloría señala que el 66% de la minería del oro es ilegal y muchas de ellas se hace en zonas de reserva, en parques naturales y reservas forestales.
En 1990, señala la entidad, Colombia tenía 65 millones de hectáreas de bosque; en 2022, tiene 59 millones: se han perdido seis millones de hectáreas, no solo por la extracción del oro sino también por la ampliación de terrenos para la ganadería. Pero que los departamentos que más explotan oro son Antioquia, Chocó y Bolívar.
La alta concentración de mercurio en los ríos y sus consecuencias para la salud de los humanos no ha sido suficientemente estudiada y su erradicación hace parte del problema minero ambiental en el contexto internacional.
Es por ello que requerimos un cambio en la estructura de nuestros pensamientos hacia el mejoramiento de la minería del país. No podemos continuar con situaciones que no solo afectan la comercialización de los minerales, sino que también afectan la salud de nuestros hermanos.
Debemos resolver los problemas de Inclusión Social y es el cumplimiento de la LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR, concepto que fue utilizado por primera vez en la conferencia del Banco Mundial en marzo de 1997, hace ya 25 años y se refiere a las amenazas provenientes de la falta del consenso social de las comunidades respecto de la realización de un proyecto minero, por condiciones insatisfechas. La riqueza en el Subsuelo y la pobreza sobre el suelo.
Por ello se requiere acuerdos de concertación, que generen confianza en el proceso de formalización y que puedan competir contra los precios establecidos en el mercado informal, donde fluye el dinero en efectivo sin control por que le cerraron las cuentas bancarias para trabajar legalmente.
Hoy en día son más rentables los procesos informales y alejan a los productores y comercializadores de la legalidad por los costos tan altos que genera la formalidad minera y comercial, por los tramites tan engorrosos y tortuosos de las autoridades mineras y ambientales, por la falta de apoyo al desarrollo y acompañamiento a la continuidad de procesos mineros legalmente establecidos.
Hemos logrado la Ley de Bancarización Minera, Ley 2177 de 2021, donde la banca se comprometa a LA INCLUSIÓN de la pequeña y mediana minería y alejar el estigma del lavado de activos, financiación al terrorismo. Por medio esta ley se lograron establecer condiciones para garantizar el acceso de los actores de la cadena minera a productos y servicios financieros ofrecidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Estas disposiciones le son aplicables a titulares mineros, explotadores mineros autorizados, comercializadores de minerales, plantas de beneficio, mineros en procesos de formalización y legalización y prestadores de servicios especiales, como aquellos que realizan labores de exploración, construcción y montaje, explotación, cierre y abandono, de acuerdo con los términos que establece la Ley.
Con esta ley se destacó la naturaleza de servicio público del servicio financiero.
Seguimos trabajando en los procesos de inclusión por parte de las entidades bancarias del sector privado para la pequeña y mediana minería y comercializadoras locales legalmente establecidas en los municipios.
Por otra parte, se requiere el acompañamiento a los Procesos de Formalización Minera, donde el Ministerio de Minas expida los términos de referencia de la Ley 2250 del 2022. Especialmente el tema de la formalización de explotaciones de pequeños mineros, de las Áreas de reserva especial, los procesos de reconversión de actividades mineras a través de políticas de economía circular, de la recuperación y restauración de zonas afectadas por explotaciones pasadas., y sobre todo los procesos de trazabilidad en la comercialización minera. Hoy encuentro la representación de empresas operadoras tecnológicas como ITBP con la plataforma Net Gold, entre otras que participan en el logro de estos resultados.
El cumplimiento normativo en el proceso de TRAZABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN MINERA, es un baluarte importante de la Ley 2250 del 2022, en beneficio para los municipios y sus comunidades.
La actualización del RUCOM. El cumplimiento en el estudio y evaluación de las nuevas plataformas tecnológicas que permitan llevar una trazabilidad a los procesos de comercialización de minerales en Colombia. Este proceso está en trámite por parte de la Agencia Nacional Minera y su posterior Decreto Reglamentario. Él ayudaría a generar procesos formales en la comercialización.
Las Políticas de fomento al cumplimiento normativo de requisitos MINEROS Y AMBIENTALES. Generando un cambio de cultura hacia la evaluación y prevención de riesgos. La Economía Circular para el sector minero es fomentar mejores prácticas que promuevan la circularidad de los flujos de materiales y la extensión de su vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible para el sector minero.
El control comercial de la industria en el apoyo al fomento de la comercialización legal, aplicando controles del cumplimiento del Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral SAGRILAFT, para certificar los procesos de trazabilidad y apoyar las políticas de transparencia y ética empresarial PTEE necesarios para el desarrollo de la minería del país porque Ser legal vale oro.